La democracia constituye uno de los valores fundamentales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), tal como ha quedado establecido en su preámbulo. En efecto, la adopción de la CADH por los Estados del continente tuvo como propósito consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales” de la persona, “dentro del cuadro de las instituciones democráticas”.

A partir de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que las sociedades democráticas están definidas por una tríada constituida por “los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho” [1]. Cada uno de estos componentes “se define, completa y adquiere sentido en función de los otros” [2].

En ese marco, los derechos políticos, reconocidos en el artículo 23 de la Convención Americana, “son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano”[3]. La Corte IDH ha destacado dicha importancia, no sólo porque los derechos políticos “se  relacionan  estrechamente  con  otros  derechos consagrados en la Convención Americana […] que, en conjunto, hacen posible el juego democrático”[4], sino también porque el propio tratado “prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para [su] protección”[5].  

El artículo 23 de la Convención, en su párrafo primero, reconoce a todos los ciudadanos los siguientes derechos y oportunidades: “a) [d]e participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) [d]e votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) [d]e tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de[l] país”. De acuerdo con la Corte IDH, dichos derechos “tienen una dimensión individual y colectiva, pues protegen tanto aquellas personas que participen como candidatos como a sus electores”[6]. El ejercicio de los derechos políticos constituye así “un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención”[7].

Dado el carácter fundamental de los derechos políticos en una sociedad democrática, el presente Diplomado, impulsado por el Centro de Formación de la Corte IDH, tiene como finalidad fortalecer las capacidades de las personas integrantes de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) para el análisis y la aplicación de la jurisprudencia actualizada de la Corte IDH en la materia.